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Impunidad y limitaciones a la lucha contra la violencia

El retroceso del trabajo de incidencia en favor de los derechos humanos de las mujeres y el aumento de los femicidios se ve severamente afectado por el contexto. 

Por: Carmen Herrera

En medio del contexto de crisis socio-política y económica, las organizaciones que trabajan por la defensa del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia denuncian el aumento de los casos de femicidio y graves retrocesos en la lucha en contra de la violencia de género. 

Firmante de la Convención Belem do Pará, el Estado de Nicaragua tiene la responsabilidad adoptar medidas y acciones interseccionales para prevenir y mitigar la violencia.  Las reformas a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779), el cierre de espacios de acompañamiento y atención, y la estigmatización de la defensa de los derechos humanos; ha afectado el trabajo y seguimiento de los procesos locales de sensibilización sobre los efectos del patriarcado en la violación a los derechos de las mujeres y ha dificultado llevar a cabo las acciones de presión para el cumplimiento del marco legal, entre otras limitaciones.

“Entre el 1ero de enero y el 30 de junio de 2021, se registraron 37 casos de femicidios. En este mismo período de 2020, se reportaron 32 casos: un aumento significativo. Sobre las edades de las mujeres víctimas de femicidios en este período: 20 eran mujeres adultas de entre 30 y 60 años, 14 mujeres jóvenes de entre 18 y 30 años y 3 menores de 18 años”, según el Observatorio por la Vida de las Mujeres.  

La falta de aplicación de justicia para los femicidas ha sido una constante en la última década y se ha recrudecido, en los últimos meses, con la implementación de indultos y medidas “convivencia familiar” a reos acusados de asesinato y otros crímenes contra las mujeres; y la puesta en libertad de otros por “falta de pruebas”, aunque haya evidencias.

“En enero pasado, cuatro mujeres fueron asesinadas”, según el Observatorio por la Vida de las Mujeres, entre ellas a Katring López, una joven de 21 años que desapareció el mismo día de su cumpleaños, en Jalapa, Nueva Segovia, y cuyo cuerpo fue encontrado 10 días después en el fondo de un sumidero.  Los femicidas fueron detenidos y sometidos a juicio. En marzo, cuando dio inicio la audiencia, sólo uno fue declarado culpable y su cómplice fue puesto en libertad por falta de pruebas; a pesar de ser evidente por la descripción del femicidio, la participación de dos personas.

Deconstrucción de la gravedad de los femicidios

“El contexto político actual agrava la situación de violencia hacia las mujeres porque no es una prioridad dentro de la agenda del Estado… desde antes del 2018 ya había reformado en tres ocasiones la Ley 779, en detrimento del acceso a la justicia para las víctimas. Entre las reformas se suspende la atención especializada del acceso a la justicia para las mujeres niñas y adolescentes víctimas de la violencia machista”, explica Greta Fajardo, abogada feminista.

“Como movimiento, como organizaciones de mujeres uno de los mayores problemas que enfrentamos para buscar justicia son las reformas a la Ley donde la mediación y las consejerías familiares han puesto en riesgo la vida de las mujeres. A esto se suma el bajo presupuesto destinado para la atención y para las campañas de prevención, hay poca coordinación interinstitucional. Con las organizaciones sociales hay una rivalidad absoluta donde a las organizaciones de mujeres se nos ha impedido trabajar de la mano con las Instituciones del Estado para que presten mejor servicio, para que estén más sensibilizados y se apunte a la erradicación de la violencia, de los femicidios”, expresó Marycé Mejía, la Punto Focal Nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia.

Esta situación, planteada por Mejía, trae como consecuencia un alto grado de impunidad y conlleva, según se desprende de afirmaciones hechas por Fajardo, a que: la serie de indultos a los sentenciados por femicidio hacen también dudar a la población sobre el sistema de justicia.  La omisión de esos delitos que están tipificados como “muy, muy graves en el código penal… como que se quiere deconstruir el significado del femicidio en el imaginario colectivo de la población nicaragüense”, enfatiza Fajardo.

Feministas y organizaciones de mujeres han denunciado que el contexto político actual de incertidumbre y polarización es el resultado de una serie de violencias estructurales contra el Estado de Derecho, con lo que significa la democracia para un país y con los derechos humanos. Y en este caso específico con el derecho que tienen las mujeres a vivir libres de violencia.

“La impunidad para los femicidas manda un mensaje claro de que ya no es tan importante, de que ya no es un delito de categoría alarmante, el asesinato de una mujer… Cuando eso sucede, sin duda también la sociedad lo mira como un asunto normal y a considerarlo de poco interés. Si las autoridades públicas no se preocupan, no se ocupan, pero además las leyes han sido reformadas por considerar que no tiene mayor valor en términos no solamente de las penas sino en términos del impacto que eso genera en la sociedad; vamos generando impunidad en términos estructurales, pero también impunidad en términos particulares para quienes cometen estos delitos asociados directamente con el femicidio o vinculantes al tipo penal del femicidio”, explica Fajardo.

Limitaciones estructurales

Entre las causales que se podrían analizar sobre el aumento de los femicidios, la creciente impunidad, el abandono del estado a las políticas públicas de prevención de la violencia hacia las mujeres consignado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio; se suman las dificultades que enfrenta el movimiento de mujeres para la continuidad del trabajo de defensoras. En 2016, el informe Confites+20 evidenció que habían avances en la toma de conciencia en cuanto a la promoción de la Ley 779, la denuncia al sistema patriarcal como la causa principal de la generación de violencia hacia las mujeres y el impacto positivo de estrategias y campañas de comunicación de organizaciones feministas a nivel local; pero es evidente también que las condiciones descritas por Fajardo y Mejía, están provocando un descenso en el avance de la promoción y respeto de los derechos humanos de las mujeres.

“A nivel interno, para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, hay una disminución de la cooperación internacional para acciones que vengan de las organizaciones sociales o del movimiento de mujeres, hay un ahogamiento por todas las leyes que han aprobado para las organizaciones; y que cansan a las defensoras quienes han entrado a un modo de sobrevivencia, disminuyendo la capacidad de atención, la capacidad de acciones con las mujeres para atender esta problemática… también el COVID-19  ha disminuido la participación de las mujeres en las comunidades”, considera Mejía.

Por su parte, la pandemia puso en evidencia la brecha tecnológica para el trabajo de activismo de las feministas, pues toda acción pasó a ser virtual. “La breca tecnológica hace que las mujeres no participen porque no tienen buenos teléfonos, no tienen señal. Y las acciones se deben hacer cara a cara en las comunidades”, afirma Mejía.

La invisibilización del trabajo de las mujeres de manera pública ha acrecentado, según la Red de Mujeres contra la Violencia, que en las comunidades se refuercen prácticas culturales tradicionales que refuerzan la violencia machista. “Tenemos casi cuatro años de no marchar, como hacíamos año con año y que era importante para posicionar la problemática que viven las mujeres en todo el territorio nacional”, denuncia Mejía.

Otro elemento que es importante resaltar es que aunque el Estado de Nicaragua es firmante de la CEDAW, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; no ha firmado o ratificado el Protocolo Facultativo de la misma.  El Estado también se ha comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; pero los datos sobre el aumento de femicidios y la violencia contra las mujeres, evidencia que no se está cumpliendo con los mismos. 

Violencias simbólicas

“La falta de usos de las palabras: violencia machista, patriarcado, femicidios tiene que ver con el poco conocimiento y sensibilización que tienen algunos medios con relación a la problemática. Si bien es cierto ha habido un avance en evidenciar las violencias, todavía falta un mayor análisis estructural de la violencia machista, sus causas y sus consecuencias, por ejemplo; pero esta problemática no solamente está en los medios de comunicación sino que están todos los sectores de la sociedad, instituciones del estado, empresa privada, iglesia que consciente o inconscientemente invisibilizan estos crímenes, la misoginia arraigada” explica Maryce Mejía.

El Observatorio por la Vida de las Mujeres reporta que, de las 34 noticias sistematizadas para el informe semestral, el 50% tiene titulares misóginos en los que: se hace enfásis en ver a las mujeres como propiedad de los agresores, no se nombra la violencia y se enuncia que las mujeres “aparecen” muertas, y se utilizan calificativos como “desalmado” para nombrar a los agresores. En un 14% de las noticias, se incluyen fotografías sangrientas y que violentan la integridad de las víctimas. 

“Es importante mantener este análisis de que los asesinatos de mujeres no son crímenes cualquiera, más bien son crímenes en el ámbito íntimo y en el ámbito privado; que suceden por este mandato social históricamente construido de que las mujeres son seres sumisos, dominados por los hombres, hasta el punto de que ellos pueden decidir sobre sus cuerpos y su vida y esto corresponde a la violencia sexual, a los femicidios”, finaliza Mejía. 

Portada: Detalle de ilustración en homenaje a Joselyn Solórzano Pérez, por Danelia Bustamante @darksnelia. Parte de la exposición “Yo Ilustro por Ellas: a un año del COVID”. Mayo 2021.

Joselyn era una joven nicaragüense viviendo en la zona rural de Limón, Costa Rica. Fue asesinada, junto a su madre y hermana mientras se encontraban en su casa. La familia se dedicaba a la venta de comida a trabajadores de una bananera vecina. Los femicidas continúan sin ser identificados y  prófugos de la justicia.